La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (AFEDECO), entidad más representativa del sector comercial de las Islas, quiere expresar públicamente su más sincero agradecimiento y reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y en especial a la Guardia Civil, por el importante operativo desarrollado el pasado 28 de julio en Palma y Palmanova, que ha permitido desmantelar la mayor red de distribución de productos falsificados detectada hasta la fecha en Baleares.
El balance de la operación es contundente: más de 500.000 artículos falsificados incautados, con un valor estimado superior a 13 millones de euros.
Una cifra que habla por sí sola del impacto económico y social de esta red mafiosa, y del avance que supone su desarticulación en la defensa del comercio legal, honesto y comprometido con la sociedad.
El pequeño y mediano comercio balear se enfrenta cada día a formas crecientes de competencia desleal, que van desde la venta ambulante ilegal, en muchas ocasiones vinculada a redes organizadas, hasta la comercialización masiva a través de plataformas online que escapan a los controles fiscales, legales y de calidad que sí se exigen al comercio tradicional.
A ello se suma la existencia de tiendas en puertos y aeropuertos, dependientes en ocasiones de la propia Administración, que operan bajo condiciones que desequilibran aún más el entorno competitivo del comercio local.
En este contexto, AFEDECO celebra que por fin se esté actuando con contundencia desde el origen del problema: las redes criminales que distribuyen y alimentan la venta ilegal. Ir contra el último eslabón sin cortar el suministro solo perpetúa el fenómeno.
La presidenta de AFEDECO, Joana Manresa, valora especialmente “el incremento en la presencia y actuaciones de los cuerpos de seguridad en zonas turísticas, aunque advierte que este verano la venta ilegal ha alcanzado niveles sin precedentes”.
Por ello, AFEDECO reclama: Que estas operaciones tengan continuidad en el tiempo, con medios suficientes y mejor coordinación entre administraciones. La persecución penal y económica de las redes distribuidoras, no solo de los puntos de venta.
Una política pública activa de defensa del comercio legal, basada en el respeto a la libre competencia y al tejido económico local.
La operación del 28 de julio es una excelente noticia para el comercio balear, y una prueba de que sí se puede garantizar el cumplimiento de la ley y proteger el modelo comercial de nuestras islas.
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